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La seguridad y Enrique Alfaro se detestan.

“Enrique Alfaro y sus amigos son sinónimo de inseguridad”

Para los jaliscienses no es nada nuevo que la policía abuse de manifestantes, que haya desaparecidos, levantados, torturados, aún y cuando no se estén manifestando pacíficamente, basta con un partido de fútbol.

En las diferentes gestiones de Enrique Alfaro, se han incrementado los índices delictivos, hemos visto desfilar funcionarios ineptos en las corporaciones policiacas a su cargo.

Cuando fue edil de Tlajomulco de Zúñiga, en 2010, incrementó los índices delictivos en todos los rubros, incluso el municipio estuvo catalogado como una de las entidades con más incidencias en delitos de alto impacto, según el primer informe cuatrimestral del gobierno del estado 2011, suena normal ya que el presidente de la República era Felipe Calderón.

Por ese entonces el ahora gobernador cacareó que Tlajomulco, aprobó y adoptó el reglamento de policía establecido en el Sistema Nacional de Seguridad, el cual no guarda parecido alguno con el de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, se habrá alineado con ¿Genaro García Luna?

Entre los súper cambios, se encuentra el nombramiento del director de la policía, Gregorio Martínez Meza a Comisario de Seguridad Pública.

Un par de meses después la misma corporación solicitó la destitución del “comisario”, acusado por sus compañeros, de malos manejos de recursos federales provenientes del subsidio a la Seguridad Pública de los Municipios.

Los manifestantes (policías vestidos de civil), se presentaron ante Enrique Alfaro, en palacio municipal de Tlajomulco, portaban cartulinas en las que se leía “la administración anterior cumplía más que ésta”, ¿Dónde quedó el cambio? O ¿Serás buen gobernador?

Poco más de un año después, el comisario fue reemplazado por una mujer.

Al final del periodo en el que estuvo Enrique Alfaro, la violencia y la delincuencia crecieron en un 4%, demasiado alegre el porcentaje, ya que él pidió licencia indefinida para postularse como gobernador del estado de Jalisco.

El 10 de marzo del 2011, anunció su salida del PRD y el 15 de marzo tomó protesta como candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por el partido MC, sin haber militado.

En esa ocasión perdió la elección y cuatro años después en 2015 llegó como alcalde de Guadalajara, y nuevamente el tema de la seguridad fue polémico desde el inicio de su gestión.

En resumen, aumentó el robo en todas sus modalidades, narcomenudeo, violación, homicidio, y el más sensible, feminicidio, según el semáforo delictivo.

No es para menos, tomando en cuenta que el Comisario General de la Policía de Guadalajara, era Salvador Caro Cabrera.

De entre sus logros se encuentra que reprobó en dos ocasiones los exámenes de confianza, el entonces presidente municipal, Enrique Alfaro, siempre se negó a transparentar los resultados y con su autoridad y prepotencia ya conocidas, Salvador Caro, siguió en su cargo.

Se mencionaba que, de acuerdo a los resultados de los exámenes, Salvador Caro no era una persona apta para portar arma de fuego, ni era confiable para manejar información sensible.

Con todo y eso, en una rueda de prensa, el que era Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, actualmente, otra vez en el gabinete del ahora gobernador, anunció que Salvador Caro, el Comisario inepto, sí aprobó los exámenes de confianza, mostrando un documento de acreditación y mencionando que realizaría una denuncia formal en contra de Miguel Robles Bárcena, Secretario General del extinto Cisen, por la filtración de la información sobre los resultados del comisario.

Debido a la negligencia y fracasos en las medidas de seguridad implementadas en Guadalajara, diputados locales aprobaron solicitar al comisario Salvador Caro, un informe oficial para que dé cuentas sobre sus acciones y que ha hecho en la corporación para combatir la inseguridad en la ciudad.

Posterior, diversos organismos civiles, se manifestaron en palacio municipal, para exigirle a Enrique Alfaro, edil de entonces, la destitución del comisario.

Por parte de la corporación, también exigieron la destitución de su jefe, en representación de los policías, Alejandro Almaraz Casas, dijo: “se han dado órdenes que no van de acuerdo a la policía y hemos dado un retroceso en cuestión de operatividad, esperamos que el señor presidente municipal haga algo, ya se requieren cambios porque la inseguridad en la ciudad está fuera de control”

Señaló además a Salvador Caro, como una persona que se ha ganado a pulso el repudio, hartazgo, descontento, decepción y asqueo de su propio personal, con su actuar ignorante, desinteresado, corrupto, déspota y arrogante.

Hasta parece que se lo dijo a Enrique Alfaro.

Al final, Salvador Caro, renunció a su cargo el 20 de diciembre de 2017.

Salvador Caro Cabrera, no tiene formación policial, tiene estudios en derecho, ciencias políticas, apreciación cinematográfica, etc.

No es posible que por ser amigo de Enrique Alfaro, los ciudadanos tengamos que padecer las carencias y despreocupaciones de los funcionarios.

Actualmente ya como gobernador del estado, Enrique Alfaro, vuelve a cometer los mismos errores en el tema de la seguridad al nombrar como Coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, a Macedonio Tamez Guajardo, ginecólogo sin formación policial, y por lo que se ve, sin interés alguno por mejorar a las corporaciones.

Su segundo al mando es Pablo Fabián Ibarra Pérez, quien cuenta con una orden de restricción, por ejercer violencia en contra de su ex esposa, en uno de los estados líderes en violencia contra la mujer, es una falta de respeto y de toda congruencia.

El fiscal en turno, también subordinado del ginecólogo, Octavio Solís Gómez, ostenta el récord de denuncias en diferentes organizaciones de derechos humanos, a su paso, cuando fue Procurador General de Justicia del Estado (2001 – 2006), las quejas ascendieron a más de 800.

De entre sus métodos para interrogatorio, las denuncias mencionan, golpes, patadas, toques eléctricos, asfixia con bolsa de plástico, etc.

Desde el momento de su virtual nombramiento como fiscal del estado, organismos como CEPAD, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, levantaron la voz para advertir sobre los riesgos que su persona implica y la evidencia de un paradigma contrario a la Paz y la Justicia, que ahora anuncian los nuevos gobiernos.

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