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SCJN, el poder fáctico tras el poder Judicial, primera parte.

Después del tsunami electoral del 1 de julio de 2018, México envió un mensaje muy claro a la clase política de siempre, a los empresarios, intelectuales, críticos y ciudadanos de inteligencia distraída con altos beneficios sociales.

México quiere un cambio y ya no se va a detener.

El triunfo demoledor de Andrés Manuel López Obrador, fue solo el principio de la metamorfosis de los miembros de la derecha de este país, empezaron a escasear sus privilegios.

Desde las primeras acciones del gobierno, comenzó una guerra sin tregua por parte de los medios masivos de comunicación, divulgando sus notas endulzadas con odio, resentimiento y terror, los comemtócratas aseguran en sus textos que los simpatizantes al movimiento de regeneración nacional, viven en un mundo diferente al «real», al que ellos aseguran que se encuentra al borde del colapso.

Si bien no existe una verdadera oposición, una que sirva, que aporte, sobre todo que trabaje por una causa legítima en beneficio de México, el gobierno federal opera contra corriente y contra todos los pronósticos está dando resultados.

Los medios de comunicación a los que les compraban su libertad de expresión, realmente no significan un obstáculo para nadie, es solo un pobre sector inservible que lo único que hace es vender mentiras simplonas y de contenido apócrifo.

Lo mismo con los grupos que ahora les dio por mal organizarse y salir a las calles a crear caos vial, no son más que un puñado de personas resentidas, con problemas metales de toda índole, no tienen ni la menor idea sobre su movimiento, únicamente coinciden en que odian la figura presidencial.

El verdadero y único freno o contrapeso que existe, NO en beneficio de México pero sí para seguir en contra de la Justicia es precisamente el Poder Judicial.

Existe un grupo de magistrados ligados a la élite corrupta de la nación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la SCJN.

Es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con un doctorado por la UNAM.

Fue integrante de la comisión redactora del proyecto de Nueva Ley de Amparo, creada por acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo Asesor de la Maestría en Derecho Administrativo y de la regulación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y de los comités académicos del Instituto de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En 2009 siendo ministro, elaboró el proyecto que detallaba la investigación sobre el incendio en la guardería ABC, en Hermosillo Sonora, en donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

Concluyó que debido al desorden generalizado en el sistema de guarderías públicas subrogadas, diversos funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

Sin embargo a once años de la tragedia no hay personas detenidas, existen 100 familias sin reparación del daño y una justicia a medias.

En 2011 elaboró el proyecto que proponía amparar a Florence Cassez, acusada de secuestro, al considerar que se había violado su derecho a la presunción de inocencia con un montaje televisivo sobre su captura, orquestado por funcionarios del gobierno federal.

Se ha pronunciado a favor del matrimonio igualitario y el derecho a la adopción a personas del mismo sexo, considera que no existen pruebas de que este tipo de matrimonios afecte a los niños y que la homosexualidad no es una anormalidad sino una orientación sexual minoritaria.

Primera Sala.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, Presidente de la primera sala.

Licenciado y Doctor en derecho por la UNAM, ha Sido profesor titular de la UNAM, IBERO, CIDE, ITAM, entre otros centros de estudio.

Nominado por Andrés Manuel López Obrador y designado por el Senado de la República, este ministro, se desempeñó como Secretario de Obras Públicas, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Programación y Presupuesto, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Heredero de una familia de abogados destacados, su tío abuelo, el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, sus abuelos, uno internacionalista y otro especialista en derecho civil, así como su papá que llegó a ser Juez destacado, es decir, también en el Poder Judicial proliferan las familias, igual que en la política.

Su caso más controvertido del que se menciona hubo tráfico de influencias, es sobre una disputa familiar por la pensión a dos menores hijos de un amigo suyo, un ministro en retiro ligado a Ernesto Zedillo, Genaro Góngora Pimentel, a quien redujo en poco más del 50% la pensión alimenticia, la madre de los menores fue encarcelada por un supuesto fraude procesal, denunciado por Góngora Pimentel, ambos eran asiduos visitantes del club de banqueros.

Ana Margarita Ríos Fajart.

Es abogada por la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Nominada por Andrés Manuel López Obrador y designada por el Senado de la República, fue Jefa del Servicio de Administración Tributaria.

Impulsó la lucha contra la evasión fiscal a través de empresas factureras, diseñó un modelo de riesgo para detectar a este tipo de empresas.

En junio de 2019, el SAT informó que de acuerdo al trabajo en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevaron a cabo un operativo en el que suspendieron a 150 empresas que en dos años facturaron 282 mil millones de pesos, las cuales evadieron 62 mil millones en impuestos.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por Harvard, de la cual además tiene certificado en tributación.

Nominado por Felipe Calderón y designado por el Senado de la República, se desempeñó como Administrador Jurídico del SAT, de 2003 a 2007, posterior, fue Administrador General de Grandes Contribuyentes de 2007 a 2008, de este último año hasta el 2012 fungió como Jefe del SAT.

Este ministro fue uno de los invitados VIP a la boda de la hija del preso Juan Collado.

Existe una controversia en el estado de Chihuahua en la cual se busca enjuiciar al ex presidente Enrique Peña Nieto, por el caso del ex gobernador César Duarte.

Dicha controversia estaba asignada a Eduardo Medina Mora, quien una vez que la admitió, en octubre de 2018, la congeló, por lo que no sería procedente cualquier investigación por parte del gobierno chihuahuense en contra de Peña Nieto y funcionarios federales.

En junio de 2019, la segunda sala modificó la suspensión por lo que el gobierno de Chihuahua puede iniciar investigaciones en contra de Peña Nieto y funcionarios federales, pero no proceder hasta que sea resuelta la controversia constitucional, que tras la renuncia de Medina Mora pasó a manos del ministro Ortiz Mena, quien la mantiene pendiente.

Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, Máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Nominado por Felipe Calderón y designado por el Senado de la República, durante su carrera se desempeñó como Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Tuvo a su conocimiento el caso de Othón Cortés a quien la PGR señaló como copartícipe en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien además fue torturado, al final Pardo Rebolledo lo declaró inocente.

El ministro fue señalado por presionar desde la SCJN a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con la finalidad de que se emitiera un fallo favorable al presidente de MVS, Joaquín Vargas, en el juicio por «Daño Moral» contra la periodista Carmen Aristegui, el Máximo Tribunal rechazó categóricamente dicha orquestación.

También estuvo involucrado en el caso de San Salvador Atenco, solo para bajarle al asunto ya que por primera vez ningún ministro formó parte de la comisión investigadora, porque eso ya lo había hecho la CNDH, únicamente tendría que determinar el contenido y alcance de los derechos humanos fundamentales y decidir en qué punto se les faltó al respeto y en su defecto, si hubo violación de garantías a los pobladores.

Sin embargo a pesar de la investigación y las conclusiones a que llegó la CNDH, de que fueron violados los derechos a la vida, la libertad, la integridad física de las personas, la libertad sexual, la privacidad y la inviolabilidad del domicilio, hasta la fecha no se han cumplido las recomendaciones de esa comisión.

En su momento aquella, se dirigió a la Policía Federal Preventiva, y fue rechazada rotundamente por su titular, Eduardo Medina Mora, ex Secretario de Seguridad Pública Federal, después fue Procurador General de la República.

Así se imparte justicia en este país.

A Pardo Rebolledo se le relaciona estrechamente con Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont y Manlio Favio Beltrones.

Norma Lucía Piña Hernández.

Es abogada por la UNAM, tiene especialidad en psicología social y comunicación por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación en Madrid, España; además de otras especialidades y un doctorado.

Nominada por Enrique Peña Nieto y designada por el Senado de la República, estuvo involucrada en el caso de la periodista Carmen Aristegui, quién había interpuesto una demanda de amparo tras la cancelación de su noticiero radiofónico, pese a la existencia de un contrato, no fue respetado por MVS.

A esta ministra le toca resolver el proyecto sobre todos los amparos relacionados con la causa penal de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, tendrá que determinar si el estado de Chihuahua tiene el carácter de víctima, correspondiente al señalamiento de otro desvío por 250 millones de pesos.

Estos son los ministros que imparten «justicia» desde la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que bajo ninguna circunstancia pretenden disminuir sus faraónicos sueldos.

Los miembros de la Segunda Sala, en la próxima entrega.

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