Breaking News GDL

SCJN, el poder fáctico tras el poder Judicial, segunda parte.

Ministros de la Segunda Sala.

JavierLaynez Potisek, Presidente de la Segunda Sala.

Es licenciado en derecho por la Universidad Regiomontana, Maestro en Administración Fiscal, en Derecho Público y Doctor en Derecho Público por la Universidad de París IX Dauphine.

Profesor en Derecho Administrativo, Derecho y Regulación, Estructura Jurídica del Estado Mexicano, a nivel licenciatura y maestría en el Colegio de México y en el CIDE.

Nominado por Enrique Peña Nieto y designado por el Senado de la República.

Sobre Laynez Potisek pesa el encubrimiento de un fraude por casi 9 mil millones de pesos, cometido «presuntamente» por Juan Armando Hinojosa Cantú, nada menos que el constructor de la famosísima Casa Blanca de Peña Nieto.

La Procuraduría Fiscal entonces a cargo de Luis Mancera Arrigunaga, ex jurídico de Televisa, presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), quien inició dos averiguaciones previas por evasión fiscal, en contra de Hinojosa Cantú.

En junio de 2006, las denuncias se le presentaron a Javier Laynez Pontisek que para ese entonces era subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, posterior, en 2007, ya de la mano de Felipe Calderón estuvo como Consejero Jurídico adjunto del Ejecutivo Federal, en 2008 pasó a ser Procurador Fiscal.

Con todo a su favor, Laynez Potisek fue omiso como Procurador Fiscal, al no dar seguimiento a las denuncias contra Hinojosa Cantú.

En la actualidad los asustos relacionados en contra de Juan Armando Hinojosa Cantú aparecen sin trámite, al parecer sus asuntos penales ya desparecieron, Hinojosa Cantú fue uno de los invitados VIP al último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Amor con amor se paga.

Luis María Aguilar Morales.

Es abogado por la UNAM, fue asesor en la misma universidad, asesor en la Secretaría de la Reforma Agraria.

Nominado por Felipe Calderón y designado por el Senado de la República, este ministro es otro de los invitados VIP a la boda de la hija del preso Juan Collado, en ella también estuvo su colega Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien actualmente es ministro de la Primera Sala de la SCJN.

Lo anterior parece que no tuviese alguna importancia si no fuese porque Antonio Collado Mocelo, hermano del hoy preso Juan Collado, fue uno de los abogados defensores de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado por desvío de 250 millones de pesos en el estado de Chihuahua ¿les suena ese caso?

«Para el ejercicio digno de nuestra función, lo primero es defender nuestra independencia, real y absoluta».

Esta frase la dijo en su último informe de labores como Presidente de la SCJN (2015 – 2019).

«Si un juez no goza de independencia se convierte en mandadero»

De acuerdo a este mensaje solo podemos pensar que si no recibe órdenes para favorecer a funcionarios corruptos, entonces es cómplice de los mismos, un mensaje de impunidad, en este caso como en el caso de los políticos de siempre, si ya fue Presidente de la SCJN, ¿por qué ahora pasa a ocupar un cargo menor dentro de la misma? este hecho no debería de permitirse, tampoco la reelección en la presidencia.

Precisamente abusando de su poder y gozando de su independencia, se le acusó de nepotismo al permitir que su hija ingresara a laborar con un colega suyo, lo mismo con la hija de su compañero y amigo, el otro invitado a la boda de la hija del preso Juan Collado, Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Ambas hijas, percibían, una 27 mil pesos mensuales y la otra 95 mil pesos mensuales, respectivamente, esto cuando Aguilar Morales cobraba como Presidente de la SCJN.

Este hecho fue denunciado por el ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, aquel al que le redujeron la pensión alimenticia para dos de sus hijos.

«En México no toleramos más simulaciones o engaños, es un hecho que el ministro presidente abusó de su influencia y le dio trabajo a su hija y vemos también el caso de la hija de otro ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien labora en el Poder Judicial y seguramente de otros más que no han salido a la opinión pública y que esperamos pronto dean denunciados», externó, Juan Carlo Pérez Góngora, Presidente de México Justo.

Recientemente volvió a ser noticia el ministro Luis María Aguilar Morales, pues en otra muestra de su condición de no ser un mandadero, propuso declarar inconstitucional la consulta ciudadana para que los ex presidentes sean enjuiciados, propuesta impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que en el artículo 35 de la Constitución lo estipula.

Mientras tanto seguirá cobrando su sueldo monárquico e intocable de 651 mil 241 pesos mensuales.

Yasmín Esquivel Mossa.

Es licenciada en Derecho por la UNAM, Maestra en Administración de Instituciones Educativas por la UVM, diplomado en Gobierno y Administración Pública por el INAP, cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana.

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad Anahuác.

Nominada por Andrés Manuel López Obrador y designada por el Senado de la República, en sus inicios fue funcionaria Pública en la Subdelegación Jurídica y de Gobierno de Coyoacán, trabajó como funcionaria en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en el Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores.

Esquivel Mossa está casada con José Maria Rioboó, quien es asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de infraestructura, lo que ha generado controversia en los partidos y monigotes de la llamada oposición.

Sobre sus hombros pesan señalamientos de conflicto de interés por la cercanía de su esposo con el Presidente de la República, también por su trayectoria al lado de Marcelo Ebrard y el caso de la supervía poniente.

Yasmín Esquivel fue magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México en 2009, órgano que atiende controversias entre los ciudadanos y la Administración Pública.

En 2012 fue elegida para un segundo periodo hasta 2019, a pesar de los reclamos en su contra.

La supervía se construyó para conectar Santa Fe con el anillo periférico durante la administración de Marcelo Ebrard (2006 – 2012).

En esta obra participó José María Rioboó, quien también se encargó del segundo piso del periférico en la Jefatura de López Obrador (2000 – 2005).

La supervía fue denunciada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por tratarse supuestamente de una obra irregular, en esa dependencia despachaba Yasmín Esquivel, nombrada por Marcelo Ebrard con la aprobación de la asamblea legislativa del Distrito Federal.

En diciembre de 2011 la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió que la declaración de impacto ambiental era ilegal y que por tanto dicha construcción estaba fuera del ordenamiento jurídico.

En enero de 2012, la Secretaría de Medio ambiente y la empresa apelaron contra esa sentencia.

La Sala Superior a cargo de la magistrada Victoria Quiroz Pesquera, retuvo el expediente durante 18 meses sin dictar resolución, mientras seguía en construcción dicha obra.

Hasta el mes de agosto de 2013 revocó la declaración sobre la ilegalidad del impacto ambiental y dictó una nueva sentencia, le otorgó la razón a la autoridad y a la empresa.

Todo este asunto puede parecer normal y más en este país, si no fuese porque precisamente la esposa del constructor implicado, la ministra Yasmín Esquivel, firmó la sentencia a favor del proyecto en el que empleaban a su esposo, siendo también una obra emblemática de su allegado Marcelo Ebrard, en su calidad de Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En el artículo 81 de la entonces Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de procedimientos civiles del Distrito Federal, en su artículo 170, estipula que cuando un magistrado o su cónyuge tienen interés en un asunto, debe de excluirse de participar en procesos judiciales.

Según una lista publicada por el medio electrónico sinembargo.mx, existe pago de favores a funcionarios y magistrados por parte de Yasmín Esquivel Mossa.

José Fernando Franco González-Salas.

Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, estudió Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad de Warwick, Reino Unido.

Nominado por Vicente Fox Quezada y designado por el Senado de la República, fue Presidente del Tribunal Federal Electoral de 1990 a 1996, posteriormente SubSecretario de Trabajo y Previsión Social, Jefe del Centro de Derecho Público del ITAM de 2000 a 2006.

A este personaje se le recuerda principalmente porque fue uno de los que emitieron un fallo que exonera a altos y medianos funcionarios del gobierno federal mexicano y del estado de Sonora, involucrados en la subdirección y supervisión de guarderías, esto, derivado del caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; en donde fallecieron 49 niños en aquel desafortunado incidente.

Tal vez hubo presión desde la cantina de la Residencia Oficial de los Pinos, ya que esa concesión se la habían otorgado a una prima de la entonces Primera Dama de México, Margarita Zavala, nunca fue de su preocupación garantizar que esa guardería subrogada operara bajo normas de seguridad e higiene, total, qué mejor que ser la prima presidencial para manejarse impunemente.

En su momento la mayoría de los ministros de la SCJN, consideraron que la subrogación del servicio de guarderías del IMSS, era «constitucional» pese a que en la Ley se prohíbe subrogar ese servicio.

El Congreso de la Unión previamente había hecho notar que la subrogación de este servicio de guarderías estaba prohibido por la Ley del IMSS, pero a pesar de ello seguían consesionando a amigos, parientes, hermanos de funcionarios públicos, políticos, esto porque resultaba ser un negocio muy lucrativo.

La cereza del pastel era que la hermana del ministro José Fernando Franco, era Jefa del Área de Programación y Presupuesto de las guarderías del IMSS.

Otro caso del que se le recuerda es cuando de manera nefasta se refirió a niños con discapacidad, precisamente por un tema de discriminación presentado por la CNDH, sobre la Ley de Salud Pública del estado de Baja California, en donde se incluye que las guarderías podrán recibir a menores con discapacidad no dependiente.

«Los niños con discapacidad dependiente tienen que tener una ubicación especial y separada, porque también está demostrado que a los demás niños que pueden estar en la guardería les puede afectar el tener el contacto con este tipo de menores, que lógicamente nos presentan a todos un impacto muy fuerte cuando los vemos y vemos sus condiciones.

Ciudadanos y organizaciones manifestaron su preocupación y a través de change.org, exigieron una disculpa pública por sus desatinados comentarios.

Previo al inicio del pleno de la SCJN, el ministro ofreció una disculpa pública por demás obligada.

Alberto Gelasio Pérez Dayán.

Estudió la licenciatura en derecho en la Universidad La Salle, tiene especialidad en Derecho de Amparo, Constitucional y Administrativo, Maestría y Doctorado por la UNAM.

Nominado por Felipe Calderón y designado por el Senado de la República, este polémico ministro es abiertamente un ferviente defensor de la vida.

«Soy un ferviente defensor de la vida, como creo que lo debe ser todo demócrata, sin embrago, no dejo de reconocer circunstancias que la sociedad enfrenta en cuanto a este tipo de fenómenos, que llevan a cada una de las personas a tomar decisiones diferentes o contrarias a estos lineamientos de vida».

También es un ferviente defensor de los faraónicos sueldos de los magistrados de la SCJN, pues en diciembre de 2018, Pérez Dayán aceptó a trámite la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones, dicha acción, la que propuso Andrés Manuel López Obrador, sobre que cualquier servidor público no gane más de 108 mil pesos mensuales, quedó suspendida hasta que se dicte una sentencia al respecto.

Otra de sus controversias es la que se conoció gracias a una investigación periodística realizada por la periodista Carmen Aristegui, cuando reveló que Pérez Dayán empleó a la hija de su amigo y compañero Luis María Aguilar Morales, la cual es cirujano dentista.

Estos son los personajes de la SCJN que ejercen a su antojo la Ley en donde impera el compadrazgo, pago de favores y sobre todo la impunidad.

Deja una respuesta