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La última palabra la tiene la Sala Superior del TEPJF, y es definitiva e inatacable.

Sala Superior.

La Sala Superior es la última instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudades y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos.

En única instancia resuelve los medios de impugnación relacionados con la elección presidencial y de gubernaturas, incluida la Ciudad de México, así como las elecciones federales de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional, asimismo, se encarga de realizar el cómputo final de la elección presidencial de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto respecto a esta, en ese caso procede a formular la declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo.

Hablar de los ministros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es hablar de un grupo de funcionarios VIP de los mejor pagados en México, incluso tres veces más que lo que percibe el Presidente de la República.

Igual que con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ofenden cuando se les invita de manera voluntaria a disminuir sus descomunales salarios, en este caso, los ministros del TEPJF, se negaron a transparentar su situación patrimonial.

Uno de los casos más controversiales que han protagonizado juntos esta manada de ministros, se dio en la pasada elección de 2018, cuando cuatro de los siete magistrados ignoraron la decisión del INE, quien había resuelto en contra de la inscripción de Jaime Rodríguez Calderón, a candidato presidencial, porque detectó irregularidades en la recolección de fondos para la campaña, incluso en una osadía y en un acto desvergonzante, Margarita Zavala se atrevió a referirse al «Bronco» como el candidato del Tribunal Electoral, también pasaron por alto que el INE invalidó el 53 por ciento de las firmas.

Precisamente en 2006, este mismo tribunal, con diferentes actores, protagonizó una de las controversias más escandalosas de la historia, cuando le dieron el triunfo al impresentable de Felipe Calderón, tras una de las elecciones más cerradas y polémicas que se hayan realizado en México.

Cuando Andrés Manuel López Obrador ya en calidad de Presidente de la República, anunció que solicitaría la reducción de sueldo de la burocracia, incluso en el Poder Judicial, Luis María Aguilar, en calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó el eventual recorte planeado para jueces y magistrados.

«Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación, no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más útil».

Así con ese cinismo defendió su desmesurado salario.

Cada año los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos cuestan al rededor de 4 millones 654 mil pesos, más 386 mil pesos de aguinaldo y un bono de riesgo por 720 mil pesos.

Precisamente por esos salarios inexplicables, en 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo 9/2005 que regula la presentación de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios, ministros, jueces, servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es decir, todos y cada uno de los funcionarios del Poder Judicial están obligados a entregar su declaración patrimonial, sin embargo y contradictoriamente, dicho acuerdo, aún vigente, otorga margen para que los funcionarios del Poder Judicial decidan si sus declaraciones sean públicas o se mantienen bajo reserva.

Hasta parece que al formar parte del Poder Judicial no es para impartir justicia, sino para asegurar el futuro de los funcionarios y varias de sus generaciones.

En 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual forma parte del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en teoría todas las declaraciones patrimoniales deberían ser públicas, todos los funcionarios públicos están obligados, salvo cuando se ponga en riesgo su seguridad.

En ese entonces el comité coordinador del SNA no había emitido los formatos para determinar qué datos patrimoniales se consideran sensibles y son sujetos a quedar bajo reserva.

Hasta noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que el comité coordinador del SNA, emite formato de declaraciones, de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.

Actualmente se desconoce si ya presentaron su situación patrimonial ya que no se encontró ninguna, de cualquier manera ya es demasiado tarde, años atrás se conocieron varias de sus propiedades que habían omitido declarar.

En 2018 hubo una controversia entre los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Janine Otálora era la presidenta de la Sala Superior, la disputa se presentó luego de que el ministro José Luis Vargas Valdéz, presentó un proyecto para anular la elección torcida del estado de Puebla, sin embargo y con la procacidad que la caracteriza, Janine Otálora desacreditó dicho proyecto y terminó por inclinar la balanza, Vargas Valdéz evidenció el caso e incluso sugirió que Janine Otálora debía renunciar a la presidencia de la Sala Superior por faltar al principio de imparcialidad en la deliberación del caso Puebla.

Por cierto, si Janine Otálora ya fue magistrada y presidenta de la Sala Superior, ¿Por qué sigue en el TEPJF?

Sencillo, los partidos políticos son quienes designan a los magistrados y paradójicamente son los magistrados quienes regulan a los partidos políticos, a organismos, empresas privadas, televisoras, buena parte de la regulación electoral es sobre el uso de radio y televisión, de eso depende también su poder.

Se convierte en un Ganar-Ganar, para los magistrados, para la sociedad significa despilfarro de recursos públicos, en este caso los críticos del gobierno federal no emiten su descontento porque ellos son participes del despilfarro.

La pregunta que nos hacemos es ¿Quién regula al Poder Judicial?

Pero conozcamos a los magistrados del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, esos que nos tienen que decir en última instancia lo que está bien y lo que está mal, pero que no son capaces de ser transparentes con su situación patrimonial, ¿Acaso esconderán algo más que unas cuantas propiedades?

Conozcamos a los ministros que representan y resuelven los asuntos en materia electoral.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estudió la  licenciatura en Derecho en la UNAM, especializado Judicial en la SCJN, maestría en Derecho de Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, en la Universidad del Valle de Toluca, y un Doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Tepantlato.

De este ministro se encontraron una casa y dos departamentos en la Ciudad de México, que no transparentó, con valor aproximado de 5 millones 900 mil pesos.

Indalfer Infante Gonzáles.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestría en Derecho de Amparo y Doctorado en Ciencias Penales.

Este ministro ocultó una casa con valor de 3 millones 201 mil pesos, en la Ciudad de México, una parcela en el estado de guerrero de la cual se desconoce su valor, dimensiones y para qué la utiliza.

Felipe de la Mata Pizaña.

Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría en Derecho por la Universidad Panamericana, Doctorado en Derecho y Libertades Constitucionales, en la Universidad de Castilla de La Mancha.

De este ministro se conocen dos departamentos en Ciudad e México con valor total de 1 millón cien mil pesos aproximadamente. No declarados en su situación patrimonial.

Janine Otálora Malassis.

Licenciada en Derecho por la UNAM, diplomado en Estudios Profundos en Sociología Política, así como Doctorado en Ciencias Políticas, en la Universidad La Soborna, ¿Tendrá algo que ver el nombre de la universidad con su personalidad?

A esta ministra es a la que se le conocen más propiedades no declaradas, 2 departamentos en Ciudad de México calculados en 4 millones de pesos, un departamento en Guanajuato de 2 millones de pesos, 3 lotes de los cuales no hay información sobre su costo y dimensiones, también en Guanajuato, y una propiedad más con un valor aproximado de 50 mil pesos, también en Guanajuato ¿Pues qué tanto hay en Guanajuato?

Reyes Rodríguez Mondragón.

Es licenciado en Derecho por el ITAM, maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE, máster en Derecho y Sociedad, en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica.

De este ministro no se encontraron propiedades no declaradas, al parecer no ha homologado su integridad con la de sus colegas.

Mónica Aralí Soto Fregoso.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestría en Educación con Especialidad en Docencia en la Universidad Internacional de la Paz, especialidad en Justicia Electoral, impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como diplomado en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

De esta magistrada solo se conoce una propiedad que no quiso declarar en su patrimonio, un departamento en una zona privada, en el estado de Jalisco, se desconoce su valor, o tal vez tenga valor sentimental.

José Luis Vargas Valdéz.

Licenciado en Derecho por el ITAM, maestría en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fanta de Barcelona, España; además cuenta con estudios doctorales en Derecho Público con especialidad en Derecho Constitucional por la misma Institución.

Del magistrado existen dos departamentos, una oficina, dos lugares de estacionamiento todo con valor aproximado de 10 millones de pesos.

Es claro que en el Poder Judicial no existe la rendición de cuentas y si los magistrados tienen la facilidad de ocultar propiedades y no aclarar de dónde provienen esos bienes, entonces tampoco tenemos certeza de que su desempeño sea honorable.

Mucha preparación académica pero deberían de ejercer la «Decencia», aún no existe esa licenciatura pero también están para poner el ejemplo, es obvio que la corrupción está arraigada en los tres poderes de la federación.

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