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Fideicomisos en México, innovación, investigación, desarrollo o estilo de vida.

Los avances tecnológicos de algunos investigadores en México son por la adquisición de smartphones de última generación con dinero de sus fideicomisos.

Gran controversia se ha generado luego de que se aprobó el decreto con el cual se eliminan 109 fideicomisos sin estructura orgánica, opacos en cuanto a la finalidad de cada uno.

El pasado 2 de abril de 2020 el ejecutivo federal publicó el decreto por el que se solicita la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.

En otras palabras gran parte de los beneficiarios van a tener que cambiar su estilo de vida y sacar de su presupuesto la cantidad con la que se le brindaba el apoyo en nombre de la ciencia.

De acuerdo a lo que estuvo circulando por diferentes redes sociales, se desconoce lo que es un fideicomiso, de donde sale y cual es la finalidad de los mismos.

Los antecedentes más cercanos que tenemos sobre los fideicomisos en México, los encontramos en la figura «trust» del derecho anglosajón, el cual era un acuerdo entre voluntades mediante el que se transmitía la propiedad de un bien a un tercero para que se lo administrara a favor de un beneficiario.

Se trataba de un negocio basado en la confianza entre quienes lo celebraban, debido a que el tercero podía disponer libremente de los bienes para cumplir el fin específico del acuerdo.

En México, su regulación se incorporó en el ámbito del Derecho Privado, a manera de un contador jurídico de carácter mercantil y financiero.

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo considera como una operación de crédito en virtud del cual, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria.

De acuerdo al artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son fideicomisos públicos los que constituye el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública centralizada, o las entidades paraestatales, con el propósito de auxiliar al ejecutivo federal en las atribuciones del estado para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo.

En la celebración de un fideicomiso la SHCP, no es la única que actúa como fideicomitente, otras entidades de la Administración Pública y de otros ámbitos de poder, también pueden actuar como entidad fideicomitente, como fiduciaria o como fideicomisario, ya sea en uno o en los tres roles.

En los fideicomisos públicos, el monto inicial que constituye su patrimonio por lo general proviene del estado, pero también puede tener aportaciones de entidades privadas y viceversa; pueden existir fideicomisos privados con aportaciones públicas, por lo que se pudiera pensar que no es de carácter público.

Al estar involucrados en fideicomisos, los recursos económicos privados, que tienen fines públicos, estos se vuelven de interés público.

Independientemente de que se trate de recursos públicos o privados, se sujetan a las reglas de transparencia y fiscalización.

La Ley Federal de Entidades Paraestatales, señala en su artículo 6 que para efecto de los fideicomisos se consideran áreas prioritarias las que se establezcan en términos de los artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución Política de los Esdtados Unidos Mexicanos, que principalmente se refieren al desarrollo económico nacional y a la estabilidad de las finanzas públicas.

El propósito de la conformación de un fideicomiso es auxiliar al ejecutivo a impulsar áreas prioritarias y estratégicas para el desarrollo del país, por ello están enfocados al cumplimiento del interés público, su administración y funcionamiento son de carácter público.

La Administración Pública identifica oficialmente dos tipos de fideicomisos públicos, entidad paraestatal y no entidad paraestatal; sin embargo para estas alturas ya habían evolucionado en fideicomisos mixtos.

Fideicomisos entidad paraestatal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en su artículo 2 que para el despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo cuenta con el fideicomiso como una dependencia de la Administración Pública Centralizada, con estructura análoga a otras dependencias.

Por tratarse de estructuras orgánicas de la Administración pública Centralizada, es común y lógico que se constituyan con instituciones de la banca de desarrollo, que funjan como institución fiduciaria ya que estas pertenecen al sistema bancario mexicano y tienen como finalidad impulsar el desarrollo económico, por lo tanto son de carácter público.

Fideicomisos no entidad paraestatal.

Este tipo de fideicomisos se denominan así porque no cuentan con estructura orgánica establecida, ni responsabilidades, obligaciones, mecanismos de control del gasto o rendición de cuentas e integradas a un sólo organismo, como el caso de las entidades paraestatales.

La falta de órganos de vigilancia propios en estos fideicomisos, por no contar con una estructura orgánica, permite que los recursos públicos presenten mayores retos, la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados consiste únicamente en un informe de importes totales sobre los egresos del patrimonio fideicomitivo en un anexo de la cuenta pública que no explica el ejercicio del gasto ni mucho menos lo justifica.

Como no cuenta con responsabilidad jurídica propia su adscripción en el ámbito gubernamental no puede ser como la de una dependencia o entidad, sino solamente como un mecanismo financiero útil para el estado, por la flexibilidad que permite sobre el uso del gasto, pero que resulta ser poco transparente, difícilmente público y que propicia la falta de rendición de cuentas, dicho en otras palabras, fomenta la corrupción.

Fideicomisos mixtos.

Existen fideicomisos híbridos que no están contemplados en la norma como fideicomisos públicos, pero se integran de fines con carácter público y se deben de considerar en ese rubro.

En específico se trata de aquellos que no son públicos, ni privados o de carácter federal, sino que pueden estar integrados como públicos con recursos privados, o integrados como privados con recursos públicos, fideicomisos con fines públicos constituidos por entidades y/o recursos privados; etc.

El artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sólo menciona que en el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos federales otorgados, no podrá representar en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en el patrimonio de los mismos. Por lo que cualquier fideicomiso cuyo patrimonio represente al menos el 50 por ciento de recursos públicos, aunque esté constituido por particulares debe considerarse público.

En la práctica no existe disposición expresa que determine claramente los requisitos, obligaciones y prerrogativas sobre un fideicomiso privado que afecte en su patrimonio recursos públicos federales, esta informalidad deriva en que las dependencias y entidades federales se extralimiten de este formato de transferir a entidades privadas, recursos públicos, o lo que es lo mismo, el dinero mal administrado es el mejor negocio.

Es decir, otra manera de fomentar la corrupción, es necesario que exista un control que permita al gobierno federal evaluar, verificar y sobre todo transparentar el destino de los recursos públicos federales, sobre todo en figuras privadas.

Que en la práctica no se entiende por qué se destinan recursos públicos a entidades privadas, deberían de exigir el apoyo en la iniciativa privada, que sirva de algo la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, incluso el ITAM, si la finalidad de los fideicomisos es precisamente auxiliar al ejecutivo federal en el desarrollo del país coadyuvarían más apoyando a las universidades privadas fungiendo como fideicomitentes en lugar de pronunciarse en contra de la gestión presidencial desde la comodidad de sus oficinas.

Regresando al tema de los 109 fideicomisos que los Diputados aprobaron la extinción, se habla de un total de 68 mil 478 millones de pesos, una cantidad bastante importante de la cual no se retribuye nada al estado con alguna innovación trascendente.

A nadie le sirve que un investigador utilice el recurso del fideicomiso para actualizar su equipo de cómputo, telefonía móvil, asista a congresos o compre reactivos, todo en nombre de la ciencia si al final no genera conocimientos importantes en su área de especialización.

Se han evidenciado casos verdaderamente arrabaleros en el uso de los fideicomisos de una manera por demás estulta.

En sexenios anteriores ya hubo extinción de fideicomisos, desaparecieron 235, pero para los odiadores del Presidente de la República eso no tiene importancia, pero sí importa ya que se trata de la misma clase política la que extinguió los fideicomisos.

Al respecto Andrés Manuel López Obrador dijo:

«queremos que se transparente todo lo que tiene que ver con el dinero de presupuesto y eso es lo que se está planteando, vamos a hacer una revisión muy pronto de todos los fideicomisos, de modo que ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos y les pedimos comprensión por que esto se tiene que hacer para evitar que personas que no necesiten o no justifiquen el apoyo, que solo es por influyentismo que están recibiendo estos recursos».

Desde que se modificó la iniciativa para la extinción de los fideicomisos, que inicialmente eran 55 y al final fueron los 109, Mario Delgado, Coordinador del grupo parlamentario de morena en la Cámara de Diputados, externó:

«la desaparición de los fideicomisos no significa la desaparición de algunas obligaciones legales del gobierno o la desaparición de algunos apoyos, simplemente habrá una reorganización administrativa… algunos beneficiarios… ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio».

De entre las ridiculeces del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra de la extinción de los fideicomisos, obviamente, argumentando que:

«consideran que con esta iniciativa, el presidente compromete el desarrollo y la seguridad del país».

La reacción de los mismos de siempre no se hizo esperar, todos se manifestaron desde la comodidad de sus redes sociales argumentando todo tipo de bajezas siempre evidenciando su inmoralidad, pero en ninguno de los casos defendieron los fideicomisos nombrando ejemplos honrosos para México, seguramente no saben o no existen.

No podía faltar el ridículo y oportunista gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien envió un mensaje en sus redes sociales, claro y de frente como siempre cacarea, en defensa de los fideicomisos, o mejor dicho, en defensa del recurso económico que representan.

https://twitter.com/EnriqueAlfaroR/status/1315819542141050880?s=19

Al respecto, también publicó un mensaje el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

https://twitter.com/ArturoHerrera_G/status/1315811292448514048?s=19

Mientras organizan el tema, algunos vividores de los fideicomisos tendrán que cambiar su estilo de vida.

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