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Disidencia antes que decencia, los gobernadores de la «Alianza Federalista»

Este lunes en lo que a todas luces se trató de un mitin organizado por el gobernador Enrique Alfato, bajo el título de «Cierre de filas por Jalisco», una vez más se proclamó en contra del gobierno federal, y una vez más amenazó con salirse de la federación, sus estrategias cada día tienen menos eco en la sociedad y aunque los medios de comunicación que reciben contratos gubernamentales se empeñan en engrandecer al decadente político, la realidad es que nadie atiende sus vulgaridades.

Después del pésimo manejo que ha tenido sobre la pandemia, primero arrancó su radar Jalisco, como no funcionó se refugió en los niños con cáncer, después se le ocurrió la puntada del botón de emergencia ante el alza de contagios, luego le dijo pendejos a los ciudadanos y que activaría la responsabilidad individual, luego que siempre no, total que a últimas fechas lo único que aparentemente le sirve es gritonear en contra del gobierno federal, aprovechando el odio que una parte de la ciudadanía le profesa a López Obrador, lo manejara tan mal que ese odio lo convertirá en su contra, esto lo veremos reflejado en las urnas en unos cuantos meses.

Respecto a la mariguanada de salirse del pacto federal o del pacto fiscal, el cual aún no ha sido definido por las mentes criminales del distinguido grupo de la «alianza federalista», no es tan sencillo como lo vomitan en cada oportunidad que tienen.

Es fundamental analizar primero los antecedentes de las convenciones en materia de impuestos que se han celebrado en la historia reciente de México, la Ley de Coordinación Fiscal vigente y las vías legales para la posible salida del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por parte de una Entidad Federativa.

Es de suma importancia distinguir entre pacto fiscal y pacto federal.

El pacto fiscal supone únicamente la cesión voluntaria de potestades tributarias a la federación.

Mientras que el pacto federal es la cesión de una parte de la soberanía de las Entidades para trasladarlo a otro ente generalmente llamado Unión o Federación, es decir, si una Entidad Federativa sale del pacto fiscal, de ninguna manera significa que se desmarca del pacto federal.

El pacto fiscal tiene su fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal de 1978, en la cual, a través de la celebración de convenios de adhesión, las Entidades Federativas pueden participar en las recaudaciones de la Federación renunciando a algunas atribuciones.

La Ley de Coordinación Fiscal se divide en cinco apartados:

  • Sobre las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos Federales.
  • Sobre el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
  • Sobre la Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación.
  • Sobre los Organismos en Materia de Coordinación.
  • Sobre los Fondos de Aportaciones Federales.

Una de las particularidades del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es que la Constitución General no prevé una norma simplificada en donde se definan explícitamente competencias fiscales tanto de la Federación como de los Estados, sino que distribuye en diversos numerales lo que corresponde a la Federación, lo que pueden hacer los Estados y las limitaciones del Municipio.

El marco normativo del federalismo fiscal se encuentra delimitado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Planeación Nacional o Estatal.

El artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal establece el mecanismo por el cual los Estados pueden Adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se resuelve mediante un convenio de adhesión celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Entidad Federativa.

Dicho convenio deberá ser aprobado por el congreso local y publicado en el Diario Oficial del Estado, la Secretaría de Hacienda deberá hacer lo propio por medio del Diario Oficial de la Federación.

La adhesión siempre será en forma integral, no parcial, sólo en algunos ingresos de la Federación.
De igual manera establece un procedimiento por el cual los Estados pueden dar por terminado el convenio de adhesión, con la aprobación del Congreso Local de terminación del convenio y publicarlo en el Diario Oficial Estatal, en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá emitir el decreto por el que la legislatura de la Entidad decidió abandonar el convenio y a su vez publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

Aunque una entidad de por terminado el convenio podrá seguir participando en algunos impuestos especiales explicados en el artículo 73 de la Constitución Federal.

La Ley de Coordinación Fiscal establece órganos que revisan el funcionamiento y recomienda mejoras a la Ley o a los reglamentos, éstos son de carácter técnico, uno de ellos es el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Estatales (INDETEC), el otro es la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales (RNFF).

Las Entidades reclaman una revisión al pacto fiscal argumentando desproporción, ajuste o disminución en el monto que distribuye el Fondo General de Participaciones (regla 80-20).

Lo que deberían exigir los miembros de la «Alianza Federalista» es replantear el pacto federal, revisando a fondo el texto Constitucional en cuanto al Sistema de Competencias de Recaudación, algo parecido a lo que se intentó en el año 2004.

Más allá de la raja política que se intenta sacar por parte de los gobernadores incompetentes, es preciso mencionar que la atención no se debe poner sólo en las proporciones de la distribución sino en las competencias de los Estados y de la Federación; en otras palabras, trasladar el diálogo hacia una profunda reforma constitucional que permita mayor equidad en las atribuciones de recaudación de la federación, sin seguir con el discurso polarizante entre los que aportan mucho y los que aportan poco, este es un pretexto barato que sale caro, sino para hacer más competentes a las Entidades para con la recaudación de impuestos.

Independientemente de la ideas estreñidas que tiene la «Alianza Federalista» no es el momento idóneo para ponerse a exigir más recursos, lo que sería un contrapeso para sanear las finanzas de los estados es hacer un uso prudente de los recursos, de cualquier manera una negociación política más que administrativa, que involucra reformas constitucionales y al Congreso de la Unión, no refleja sensatez.

Se desconoce si existe alguna laguna legal para que la «Alianza Federalista» firme un convenio de adhesión entre las diez partes y se coordinen entre ellos para que se destinen los recursos de manera «equitativa» a su gusto y gasto para que den muestra de su gran sabiduría administrativa, lo que sí queda claro es que no todos los gobernantes realizan obras de infraestructura, programas sociales, mejoras en salud, etc; con recursos únicamente locales, de la recaudación de impuestos, los gobernadores despilfarradores que a últimos días están consultando la historia de México, deberían leer la historia de la jefatura de gobierno de 2000-2005 a ver si se les pega algo de decencia y también se comparan en sus mitines con acarreados con el que administró esa gestión.

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